El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto para ordenar el paso a la Sección de Enjuiciamiento y abrir así una investigación formal en torno a la adquisición de un conocido ático situado en el paseo General Martínez Campos. La resolución llega tras un análisis exhaustivo de hasta siete denuncias presentadas por diferentes actores, entre los que se incluyen particulares, un arquitecto y la formación política Más Madrid, frente a la solicitud de archivo planteada inicialmente por la Comunidad de Madrid.
Las claves de la operación y el valor del inmueble
El núcleo de las pesquisas gira en torno al posible menoscabo de los fondos públicos empleados por la empresa pública madrileña Planifica Madrid en la operación de compra. Las denuncias señalan una falta de claridad en todo el proceso administrativo, destacando la ausencia de un informe de necesidad previo por parte del consejero delegado, Pedro Corbalán, para iniciar la adquisición, así como el hecho de que esta no figurara de manera clara en los presupuestos.
Por su parte, el Gobierno regional ha defendido la legalidad de la operación y aportó una segunda tasación realizada hace un mes que eleva el valor del inmueble hasta los 6.320.000 euros, frente a una valoración inicial anterior que era 60.000 euros más baja. Según los argumentos esgrimidos por la administración autonómica y la propia empresa pública, la primera tasación no contemplaba el cerramiento de una terraza que incrementaba el precio final de la residencia.
Hipótesis abiertas en el proceso de instrucción
La apertura de esta instrucción no presupone un perjuicio definitivo para las arcas públicas, según matiza el propio auto del tribunal, pero los magistrados consideran que existen indicios con suficiente fundamento como para no archivar el caso sin profundizar en los hechos. A partir de ahora, la investigación contempla dos escenarios posibles: que Planifica Madrid no tuviera competencias para adquirir el inmueble, lo que elevaría el perjuicio a la cuantía total abonada, o que se mantenga como hipótesis el sobreprecio inicialmente denunciado.
Asimismo, el auto repasa otras irregularidades señaladas por los denunciantes, como la falta de licitación de las obras en el edificio de la Puerta del Sol que supuestamente justificaban la operación en el momento de la compra. Con un horizonte temporal que se prolongará previsiblemente durante varios meses, el caso continuará con la recopilación y análisis de nuevos documentos para esclarecer los detalles de una adquisición que sigue generando una intensa atención en la vida política madrileña.
