El Tribunal de Cuentas ha decidido seguir adelante con las diligencias para esclarecer la adquisición de un exclusivo ático situado en el madrileño barrio de Chamberí, una operación valorada en 6,3 millones de euros y ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid. La resolución rechaza la petición de archivo presentada por el Ejecutivo autonómico al apreciar indicios de un posible menoscabo en los fondos públicos.
Una adquisición bajo lupa institucional
La operación, formalizada el pasado mes de abril, afectó a un inmueble de aproximadamente 485 metros cuadrados ubicado en la calle General Martínez Campos. Según los datos analizados por el organismo fiscalizador, la compra se materializó sin que constara inicialmente un encargo formal ni una memoria justificativa previa que avalara la necesidad de incorporar este activo al patrimonio público. De hecho, el documento que intentaba justificar su destino institucional para albergar espacios de trabajo y alojamiento ocasional de autoridades no se elaboró hasta meses más tarde de la firma de la compraventa.
El inmueble nunca llegó a ser habitado por la Administración regional y, tras resolverse de mutuo acuerdo el contrato de alquiler suscrito sobre el mismo, se intentó dar salida a la inversión mediante una subasta pública que finalmente quedó desierta. Las denuncias presentadas apuntan tanto a la posible falta de adecuación de la compra con los fines estatutarios de la sociedad pública como a la existencia de un presunto sobreprecio y a diversas irregularidades urbanísticas relacionadas con el cerramiento de parte de su terraza.
La vía judicial continúa su curso
Por su parte, tanto la Comunidad de Madrid como la empresa pública defendieron la legalidad de la gestión, argumentando que el importe se ajustaba a las tasaciones de mercado y que no se había generado ningún perjuicio económico para los ciudadanos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal apoyó la continuidad de las pesquisas y el Tribunal ha elevado las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para designar a un delegado instructor.
El proceso cuenta con la personación de diversos actores públicos y formaciones políticas, cuyos representantes han exigido transparencia absoluta en la gestión de los recursos autonómicos. Desde el organismo fiscalizador se ha recordado que esta resolución de apertura no prejuzga la existencia definitiva de responsabilidades contables, extremo que quedará sujeto a los resultados que arrope la fase instructora en marcha.
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