El Gobierno regional ha puesto en marcha un innovador sistema de garantías públicas destinado a simplificar el acceso a la propiedad inmobiliaria de obra nueva en el territorio madrileño. Esta medida está diseñada para aliviar la carga financiera que soportan los compradores durante el proceso de edificación, permitiéndoles esquivar el desembolso inicial exigido habitualmente por las promotoras o cooperativas.
Un respaldo financiero dotado con 50 millones de euros
La iniciativa cuenta con un límite presupuestario de 50 millones de euros y se articula a través de las sociedades de garantía recíproca. Estas entidades serán las encargadas de respaldar a los constructores para cubrir los anticipos, evitando así que los futuros propietarios deban inmovilizar capital mientras se completa la construcción del inmueble.
El Ejecutivo autonómico asumirá de forma gratuita hasta el setenta por ciento de cada garantía individual, mientras que las entidades financieras colaboradoras se encargarán de cubrir al menos el treinta por ciento restante. Cabe destacar que este mecanismo de protección se aplicará tanto a inmuebles libres como de régimen protegido.
Sinergia con el programa Mi Primera Vivienda
Podrán adherirse a esta medida aquellas sociedades que mantengan su sede social en la región y cumplan con los criterios económicos definidos, previa firma de un convenio con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Una vez concluido el periodo de obras y formalizada la hipoteca del promotor, los compradores tendrán la opción de adherirse a la iniciativa autonómica conocida como Mi Primera Vivienda, la cual facilita una financiación de un mínimo del noventa por ciento sobre el valor de tasación del bien.
Fuente: El Mundo
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