Un enclave estratégico en el distrito de Salamanca
El Ministerio de Defensa ha procedido a retirar la protección militar que recaía sobre el antiguo Parque de Automóviles número 1 de la Armada. Esta instalación, dedicada históricamente a taller de vehículos militares, se encuentra emplazada en la calle Marqués de Mondéjar, en las inmediaciones de la zona de Manuel Becerra. El edificio, que ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas desde el año 1982, cambia definitivamente de manos tras una operación de compraventa formalizada en el mes de octubre de 2025.
El inmueble ocupa los bajos de un edificio residencial levantado en el año 1948, un bloque que cuenta con cuatro portales y un total de 69 viviendas asentadas sobre una superficie de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. La superficie adquirida por la cadena de distribución abarca dos fincas registrales bien diferenciadas: por un lado, la planta baja, catalogada como oficinas y con una extensión aproximada de 2.500 metros cuadrados, que incluye una nave posterior destinada al estacionamiento de los vehículos del ejército; por otro lado, un amplio sótano de unos 4.100 metros cuadrados que se extiende prácticamente por toda la parcela.
El proceso de desinversión y el concurso desierto
La culminación de esta operación inmobiliaria no siguió el cauce previsto en un primer momento por las instituciones públicas. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo encargado de la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario militar que ha perdido su utilidad para la defensa nacional, intentó dar salida al activo a través de un procedimiento de subasta pública durante el verano de 2024.
En aquella primera convocatoria, el precio de salida se fijó en 9,10 millones de euros. Ante la falta de inversores, el proceso se repitió en una segunda vuelta, rebajando las pretensiones económicas hasta los 8,20 millones de euros. Sin embargo, cuando se procedió a la apertura de plicas el 25 de septiembre de ese año, el resultado fue completamente infructuoso: ninguna entidad pujó por el espacio. De hecho, aquella subasta se saldó con un balance de 30 inmuebles desiertos de un total de 39 lotes ofertados.
Adjudicación directa amparada por la normativa
Ante el fracaso de la vía pública, la legislación vigente en materia de patrimonio de las administraciones públicas contempla alternativas para dar salida a los bienes inmuebles. La Ley de Patrimonio permite recurrir a la adjudicación directa de aquellos activos cuyas subastas hayan quedado desiertas, siempre y cuando este movimiento se execute antes de que transcurra un año desde el concurso y bajo unas condiciones económicas que no resulten inferiores a las anunciadas en la última puja.
De este modo, la compañía de supermercados no pudo adquirir el complejo por un importe inferior al listado en la segunda vuelta, lo que sitúa el suelo en torno a los 1.240 euros por metro cuadrado. Pese a que la transacción ya es un hecho, el importe exacto de la operación permanece sin trascender públicamente, ya que el departamento ministerial todavía no ha dado respuesta a la solicitud de información tramitada a través del Portal de Transparencia en relación con la tasación, la fecha de adjudicación y el precio final.
Traslado histórico y perspectivas de futuro
La marcha de la Armada de este enclave madrileño es una operación gestada a fuego lento que se planificó hace casi una década. Ya en 2017, la institución castrense adjudicó por un importe de 1,6 millones de euros los trabajos necesarios para trasladar el histórico parque de automóviles a una nueva ubicación situada en la zona de Manoteras.
La orden ministerial que sella definitivamente este cambio fue firmada por la ministra Margarita Robles y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con esta medida se anula de forma oficial el blindaje que protegía al edificio frente a cualquier obra o actividad que pudiera alterar sus características. En total, unos 6.600 metros cuadrados distribuidos entre el sótano y la planta baja se han librado de la tutela militar. La empresa compradora ha confirmado la futura apertura de una tienda en el lugar en los próximos años, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha concreta para la inauguración del establecimiento.
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