Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado formalmente una denuncia penal en los juzgados de Plaza de Castilla contra el ex delegado del Gobierno, Francisco Martín. La medida responde a una supuesta prevaricación administrativa continuada en su modalidad omisiva, fundamentada en la pasividad y la dejación de funciones mostrada durante la prolongada acampada registrada en la emblemática Puerta del Sol.
Una memoria detallada sobre los perjuicios en el espacio público
El escrito judicial, que se extiende a lo largo de treinta folios, recopila de manera cronológica los acontecimientos acaecidos durante los treinta y ocho días que se prolongó esta concentración considerada ilegal por el consistorio. Desde la Casa de la Villa se ha subrayado que existían datos objetivos y sobrados indicios legales para haber actuado, recordando que la normativa vigente facultaba al entonces responsable gubernativo a disolver una protesta donde se detectaron objetos peligrosos y alteraciones del orden público.
Asimismo, el documento incorpora un desglose económico preliminar de los desperfectos ocasionados en el enclave madrileño, cuantificados por el momento en al menos 40.000 euros. Esta partida engloba los daños sufridos en el mobiliario urbano, las estructuras de los toldos y los monumentos protegidos de la plaza, como la estatua de Carlos III, cuyos trabajos de restauración se prevén complejos. A esta cifra se suman los costes derivados de los operativos especiales de la Policía Municipal y de los servicios de limpieza.
Defensa de los intereses de la ciudadanía y el comercio local
Durante la presentación de la denuncia, se ha puesto de relieve el perjuicio económico ocasionado al tejido comercial de la zona, cuyos afectados cifran sus pérdidas en más de 30 millones de euros debido a la imposibilidad de transitar y operar con normalidad. Desde el Ayuntamiento se mantiene un diálogo abierto con los comerciantes para estudiar posibles fórmulas de apoyo y compensación.
Finalmente, el consistorio ha recordado que continúan tramitándose las aproximadamente trescientas multas impuestas por la Policía Municipal durante el transcurso de la acampada, enfocadas en el cumplimiento de las ordenanzas locales relativas a la convivencia y al consumo de sustancias prohibidas.
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